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| lunes, 6 de octubre de 2008 |
| EL GOBIERNO ENDURECE LA LEY DE EXTRANJERIA PARA CERRAR EL FLUJO DE INMIGRANTES |
La crisis económica lleva al Ejecutivo a limitar las reagrupaciones, restringir los permisos de trabajo y buscar la «concatenación de contratos» para evitar nuevas llegadas.
La decisión ya está tomada. En el 2009 habrá reforma de la ley de extranjería con un objetivo prioritario: frenar la llegada de nuevos inmigrantes dada la crisis económica y el continuo crecimiento del desempleo, que durante el año próximo puede alcanzar niveles alarmantes. Los técnicos del Ministerio de Trabajo e Inmigración valoran ya varios borradores que Celestino Corbacho quiere que se conviertan a finales de año o principios del 2009 en proyecto o proposición de ley (según el consenso que alcancen) en el Congreso de los Diputados.
Los documentos y propuestas con los que trabajan los técnicos del Gobierno no dejan lugar a dudas del sentido de la reforma: limitación de las reagrupaciones, restricción de los permisos de trabajo y «concatenación de contratos» para evitar nuevas llegadas, entre otras novedades.
El Ejecutivo ya ha pensando incluso cómo presentar esta modificación de la legislación de extranjería para provocar la menor polvareda posible. El mensaje es que no será una nueva ley, será simplemente una «reforma acotada y de aspectos técnicos». La consigna es evitar un gran debate sobre la política de inmigración y hacer ver que las modificaciones están obligadas por la necesidad de transponer directivas de la Unión Europea y acatar el fallo del Tribunal Constitucional sobre derechos fundamentales de los sin papeles, que fuerza a retoques en el actual texto.
Los analistas de Moncloa y del Grupo Socialista, cuyos responsables ya han iniciado contactos informales con algunos partidos, han llegado a la conclusión de que ahora es el mejor momento para abordar la reforma, a la que sólo se oponen de manera abierta Izquierda Unida y ERC.
Además, responsables del Ejecutivo recuerdan que tienen la encomienda del Parlamento de reformar la normativa sobre extranjería, ya que el pasado septiembre la cámara aprobó una moción promovida por CiU para revisar la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social con el fin de adecuarla a la «situación económica y social» actual.
El Partido Popular, explicaron fuentes parlamentarias, está dispuesto a apoyar este endurecimiento, aunque insiste en que quiere que en la nueva ley figure la prohibición de nuevas regularizaciones extraordinarias, propuesta que rechazan el resto de los grupos.
El eje central de las recetas contra la crisis de la futura normativa de inmigración será la limitación de las reagrupaciones familiares. Los inmigrantes con permiso de residencia sólo podrán traer a España a hijos y cónyuges («núcleo familiar estricto»). El proyecto del Ejecutivo es que los ascendientes sólo puedan ser agrupados después de que el inmigrante legal haya pasado cinco años en España y haya obtenido por tanto la residencia permanente. Y siempre que el reagrupante pueda demostrar que cuenta con medios económicos suficientes para mantenerlos.
Los responsables de Trabajo quieren que en la filosofía del futuro texto quede claro que la reagrupación de padres o suegros no puede ser un «derecho universal», sino que debe ser un «derecho reglado». Detrás de este cambio normativo está la preocupación del Gobierno por el gasto, sobre todo sanitario, que generan esas personas no cotizantes y un posible deterioro en los niveles del Estado de bienestar.
Para aumentar esa base de contribuyentes, la nueva ley dará luz verde a que los hijos reagrupados puedan trabajar a partir de los 16 años, igualando así el inicio de la edad laboral con el resto de los españoles. Hasta ahora, los extracomunitarios no podían buscar trabajo hasta los 18 años, lo que Corbacho ha calificado reiteradamente de «contradicción».
Situación del mercado
El Gobierno quiere aprovechar la reforma para trasponer la directiva europea de 'nacionales de terceros países residentes de larga duración'. Esta directriz, que España todavía no ha hecho suya a pesar de que el plazo para su transposición concluyó en enero de 2006, obliga a dar «autorización inicial de residencia temporal» a todos los extracomunitarios que hayan conseguido papeles en otros países de la Unión Europea.
Eso sí, la futura normativa de Trabajo, tal y como ya recogen las instrucciones remitidas por ese departamento en abril a todas la delegaciones, restringirá el acceso al ansiado permiso de trabajo. El extracomunitario sólo podrá ocuparse por cuenta ajena cuando «la situación nacional de empleo permita su contratación».
Además, el departamento que dirige Corbacho está especialmente interesado en que la reforma incluya más mecanismos para limitar las contrataciones en origen, casi la única vía legal para entrar en España. El ministro ya ha apuntado a sus colaboradores que en el futuro texto debe primar lo que él mismo denomina «migración circular» (programas de contratación con fecha de vuelta) y la concatenación de contratos (mismos temporeros para diferentes cosechas).
Constitucional
Las modificaciones obligadas por la sentencia de noviembre del 2007 del Tribunal Constitucional son las que menos maduras están y las que menos preocupan al Gobierno, habida cuenta de que no suponen desembolsos económicos. La corte declaró inconstitucionales los artículos de la Ley de Extranjería promovida por el PP que negaban a los sin papeles los derechos de reunión, asociación y sindicación.
El tribunal ordenó al Gobierno que en un «plazo de tiempo razonable» no sólo reconociera por ley estos derechos, sino que los llenara de contenido y «estableciera las condiciones de ejercicio» de los mismos. Los juristas de la Administración se inclinan por un reconocimiento idéntico al de cualquier español o inmigrante legal. |
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